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JUSTICIA O MORALIDAD EN LA SALUD

Sed empáticos por un momento e imaginad que os encontráis en la siguiente situación: pertenecéis a una familia adinerada situada en las capas más altas de nuestra sociedad estratificada. Sois uno de los progenitores de dicha familia y estáis a cargo del mantenimiento y desarrollo de vuestros cuatro hijos, pues vosotros sois los únicos que trabajáis y que podéis trabajar a causa de la edad, por lo que sois la única fuente de ingresos. En un momento dado, ocurre una catástrofe y los dos padres son privados de sus respectivos trabajos, contribuyendo a engrosar las filas del paro, y con el tiempo a uno de los dos se le retira la ayuda del paro. El presupuesto para mantener a la familia a quedado mutilado y es inferior a los 500 euros mensuales, lo que provoca que la familia descienda a los niveles más bajos de la escala social, con todo lo que ello implica, tanto para los progenitores como para los hijos.

En sus momentos de esplendor económico, ambos padres daban limosna siempre que alguien se la pedía y colaboraban con organizaciones benéficas mediante contribuciones monetarias. No obstante, tras caer en desgracia se vieron obligados a prescindir de estos actos de generosidad porque apenas llegaban a fin de mes y tenían que velar por la educación de sus hijos y por evitarles la experiencia de no tener dinero ni siquiera para poder comer. Esto no elimina el hecho de que se les revuelva el corazón cada vez que contemplan en el metro o en la calle a algún mendigo que les suplica una limosna, pero no tienen más remedio…

Esta metáfora constituye un ejemplo muy explicativo de la situación que atraviesa nuestro sistema sanitario en su contexto de crisis. Internacionalmente, nuestra sanidad pública ha tenido siempre un cierto prestigio, pero con la llegada de la crisis económica ha ido decayendo exponencialmente. A causa del déficit existente en la salud pública se han empleado medidas de recorte que han ido reduciendo la asistencia sanitaria y los derechos ciudadanos respecto a la salud. España es uno de los países más endeudados de la Unión Europea y, al igual que la familia de nuestro ejemplo, ha tenido que reducir actos de beneficencia. ¿Qué no deberían haber cruzado la línea roja que salvaguardaba estos derechos, al igual que la educación? Por desgracia, me reconozco como un completo ignorante de lo que a la economía se refiere, pero el sentido común y general dice que se podría haber economizado en otros aspectos y no mutilar tanto aspectos y derechos fundamentales y generales.

recorte_sanidadEntre algunas de estas medidas se encuentra la privación de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, la implantación del polémico euro por receta, la eliminación de los servicios de asistencia nocturna en muchas poblaciones, en las que parece haberse prohibido enfermar, nacer o morir de noche y, a lo que vamos, también se han privatizado una serie de hospitales en la comunidad de Madrid. Uno de ellos es el hospital de la Princesa, cuya historia se remonta a los tiempos de Isabel II y que constituye uno de los focos de investigación y educación en dicha comunidad, ya que los alumnos que estudian medicina o enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid emplean la Paz y la Princesa para realizar sus prácticas. Pero la cuestión que nos preocupa es si realmente son necesarias algunas de estas medidas, concretamente la de la privatización. Técnicamente se ha planteado que los sistemas de atención y asistencia sanitaria hasta entonces públicas no iban a sufrir ningún cambio en estos aspectos y que podrán seguir prestando la misma calidad en sus servicios, que lo único que cambiará será el sistema de gestión, que queda en manos de una empresa privada. Se suele decir que estas empresas son más eficaces en ese sentido porque consiguen más beneficios. Sin embargo, este es un tema muy espinoso, por no decir peligroso, en el campo de la sanidad, pues si queda transformado en un negocio y los enfermos asumen el papel de clientes, ¿realmente no habrá cambios, en este caso a peor, claro está, en la forma de atención y calidad de los servicios?

La privatización de dichos hospitales y los argumentos que la defendían vinieron de la mano de Juan José Güemes, consejero de sanidad en la Comunidad de Madrid. Tras informarme sobre él, he descubierto que estudió ciencias empresariales y económicas y, sin embargo, ocupaba un cargo relacionado con la sanidad. Tal vez me engañe mi sentido común, que me dice que alguien que se encargue de la gestión de la sanidad debería tener también algún estudio sobre ella, pues de lo contrario no creo que sepa qué es lo verdaderamente importante en ese campo, (hecho que ha quedado confirmado). Reflexiones a parte y tal y como habíamos planteado, sus verdaderos estudios eran empresariales y económicas, y esta faceta, obviamente, implica la capacidad de hacer negocio y obtener beneficios. Si ya había polémica y descontento popular por las actividades y recortes emprendidos por Güemes, la indignación estalló al descubrirse su hipocresía, puesto que, después de privatizar los hospitales, adquirió un cargo importante dentro de la empresa privada encargada de gestionarla.

La crítica a esta acción no reside en el hecho de que sea ilegal porque, lejos de serlo, resulta perfectamente legal. La cuestión fundamental reside en si es un acto moral o no, porque ello pone de manifiesto el interés real que tenía el consejero por la sanidad. Una vez más, debo reconocer que de economía poco es lo que sé más allá de unas nociones básicas y de sentido común, pero me gustaría recalcar la idea de que hay derechos que no deberían tocarse, como la sanidad y la educación, aún menos si encima es para preservar el estatus económico de la clase política, que sigue demostrando vivir en otra esfera de realidad.

Miguel Solana Ramírez

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